Más de 100 organizaciones decimos al presidente Biden: Alto a la exportación de armas a México

Joseph R. Biden, Jr La Casa Blanca Washintong, DC

Estimado Presidente Biden, Los abajo firmantes, representamos a 144 organizaciones de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México profundamente preocupadas por las armas y la violencia en nuestra región. Nos hemos unido para solicitar la suspensión de venta de armas de fuego estadounidenses a unidades de las fuerzas de seguridad mexicanas que estén implicadas en graves violaciones de derechos humanos, incluidas masacres y complicidad con el crimen organizado en México.

El 22 de enero pasado, dieciséis personas migrantes guatemaltecas y tres mexicanas fueron masacradas en Camargo, Tamaulipas, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. Los jóvenes guatemaltecos -el más joven tenía 15 años- habían dejado sus hogares, en una comunidad indígena Mam en Guatemala, apenas diez días antes. Después de la masacre, las autoridades mexicanas arrestaron a 12 policías estatales del llamado Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) como responsables de la masacre. Los oficiales de GOPES están armados con rifles de asalto exportados y producidos por Sig Sauer, Inc. en los Estados Unidos. La “masacre de Camargo” es la más reciente de una larga lista que incluye a decenas de miles de asesinatos y millones de actos de intimidación en todo México y la región, cometidos principalmente por policías locales y estatales utilizando ilegalmente armas exportadas desde Estados Unidos contra civiles. El actual sistema de control de usuario final ha demostrado ser ineficaz para detener los envíos de armas estadounidenses a la policía estatal involucrada en notorias violaciones de derechos humanos. Como ejemplo, basta mencionar que incluso después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en 2014, donde la policía local usó armas Colt durante este evento, el ejército mexicano notificó a Colt Manufacturing que más armas largas exportadas estaban siendo destinadas a la policía del estado de Guerrero en febrero de 2015.

En el caso de Tamaulipas, Estados Unidos ha exportado armas para uso policial durante al menos los últimos seis años a ese estado. Según documentos del Ejército Mexicano, más de mil rifles Sig Sauer producidos en Estados Unidos fueron vendidos para uso policial en el estado de Tamaulipas entre 2014 y Mayo de 2019. Y a pesar de las repetidas atrocidades cometidas por policías y militares uniformados, el flujo de armas ha continuado sin disminución. En Septiembre de 2019, la policía estatal de Tamaulipas asesinó a ocho personas al estilo de ejecución en Valles de Anahuác, un barrio de Nuevo Laredo justo al otro lado de la frontera con Texas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigó y la policía fue acusada pero aún no ha sido juzgada por su papel en los asesinatos. Sin embargo, la policía del estado de Tamaulipas recibió 600 rifles Sig Sauer más y 250 pistolas Sig Sauer dentro de los tres meses posteriores a estos hechos, según los recibos que la iniciativa Stop US Arms to México obtuvo del ejército mexicano.

En Marzo y Abril de 2018, La ONU y otras instituciones informaron que fuerzas especiales navales mexicanas desaparecieron por la fuerza a decenas de residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Texas. Las fuerzas especiales navales de México, en ese momento recibieron rifles exportados por Sig Sauer así como entrenamiento en su uso por parte de los marines de Estados Unidos en Campo Pendleton en julio de 2018. Estimado Presidente: su «Orden ejecutiva sobre la creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración» se comprometió con mucha razón a prevenir «la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por … organizaciones criminales y promover los derechos humanos». Para lograr estos objetivos, instamos a su Administración a

1.) instituir medidas efectivas para detener el contrabando a México de armas compradas en los Estados Unidos y

2.) prevenir la exportación de rifles y pistolas con licencia federal de empresas estadounidenses a policías y unidades militares identificadas por su colusión con el crimen organizado o de violar los derechos humanos de mexicanos o migrantes.

Un primer paso en esta dirección será garantizar que todos los certificados de usuario final para las exportaciones de armas de fuego identifiquen correctamente quiénes son los compradores finales de armas estadounidenses. Actualmente, estos certificados identifican falsamente al usuario final como el ejército mexicano, cuando los destinatarios reales, en la mayoría de los casos, son las policías estatales y locales. Aplaudimos la revisión de su Administración de la venta de armas y, en particular, la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos debido al uso ilegal contra civiles en la guerra en Yemen. Le instamos a que extienda esta revisión de uso final a México, donde las armas suministradas por Estados Unidos se utilizan con fines que contravienen directamente nuestro interés nacional de promover la paz, la prosperidad y la estabilidad en nuestra región. La paz en la región México-Estados Unidos no se logrará si no logramos frenar la violencia armada. Implementar la suspensión de la entrega de armas de fuego a las unidades policiales y militares mexicanas que hayan sido vinculadas de manera creíble con graves abusos de los derechos humanos o que hayan estado en complicidad con el crimen organizado sería una señal importante de esperanza para la paz.

Esta situación es del más alto interés tanto para los Estados Unidos, México y nuestros vecinos centroamericanos. Suspendamos dichas exportaciones hasta que se establezcan controles de usuario final confiables y efectivos.

Cc: Antony Blinken, Secretario de Estado de EE. UU. Secretaria de comercio

Sinceramente,